Andrea Dominguez (foto en Pilar), que concurre por SAHDES a este evento, nos envía un primer informe. Gracias!!
Seminario de Infancia, derechos sociales y políticas públicas en la CABA
Primera Jornada: a cargo de Corina Rodríguez Enrique.
Economista. Especializada en políticas sociales. Trabaja desde la perspectiva de género.
Hizo un recorrido histórico por etapas de los paradigmas de las políticas públicas y su implementación institucional en función de un régimen de bienestar determinado por la relación: Estado- Mercado- Hogares.
Plantea que las intervenciones del estado son y han sido atravesadas por el consenso que existe alrededor de la idea de que los beneficios sociales se deben obtener en función del mercado laboral, tanto por dentro (jubilación- asignaciones familiares), como por fuera (seguro de desempleo- plan familias).
Dadas las condiciones precarias del mercado laboral esta concepción plantea dificultades muy graves a la hora de tomar en cuenta los derechos de las personas y buscar una redistribución justa del gasto público.
Plantea entonces una alternativa basada en la propuesta del libro “Contra la exclusión. La propuesta del ingreso ciudadano” que propone una transferencia universal e incondicional de dinero hacia toda persona, sólo por el hecho de ser ciudadano.
Las ventajas serían por un lado, un mecanismo de distribución progresivo, ya que se le cobraría más impuestos a los que tienen mayores ingresos y así se equilibrarían las diferencias abismales que existen entre pobres y ricos. Por otro lado es un mecanismo altamente preventivo ya que los beneficiarios lo recibirían antes de que se manifieste la carencia.
Para más información las propuestas pueden googlearse entrando a las páginas de BIEN (Basic Income Earth Network) o READIC www.ingresociudadano.org.
En Argentina existe un proyecto de ley de ingreso ciudadano para la niñez (INCINI), que tiene como beneficiarios a todos los ciudadanos menores de 18 años.
Acompaña el proyecto un estudio de sustentabilidad que propone utilizar los recursos resultantes de la eliminación de las asignaciones familiares y los impuestos que hoy no pagan los trabajadores judiciales y la timba financiera.
Este proyecto rompe con el clientelismo político pero falta consenso social en lo referente al derecho a acceder a un ingreso que no atraviese el mercado laboral (meritocracia).
Seminario de Infancia, derechos sociales y políticas públicas en la CABA
Primera Jornada: a cargo de Corina Rodríguez Enrique.
Economista. Especializada en políticas sociales. Trabaja desde la perspectiva de género.
Hizo un recorrido histórico por etapas de los paradigmas de las políticas públicas y su implementación institucional en función de un régimen de bienestar determinado por la relación: Estado- Mercado- Hogares.
Plantea que las intervenciones del estado son y han sido atravesadas por el consenso que existe alrededor de la idea de que los beneficios sociales se deben obtener en función del mercado laboral, tanto por dentro (jubilación- asignaciones familiares), como por fuera (seguro de desempleo- plan familias).
Dadas las condiciones precarias del mercado laboral esta concepción plantea dificultades muy graves a la hora de tomar en cuenta los derechos de las personas y buscar una redistribución justa del gasto público.
Plantea entonces una alternativa basada en la propuesta del libro “Contra la exclusión. La propuesta del ingreso ciudadano” que propone una transferencia universal e incondicional de dinero hacia toda persona, sólo por el hecho de ser ciudadano.
Las ventajas serían por un lado, un mecanismo de distribución progresivo, ya que se le cobraría más impuestos a los que tienen mayores ingresos y así se equilibrarían las diferencias abismales que existen entre pobres y ricos. Por otro lado es un mecanismo altamente preventivo ya que los beneficiarios lo recibirían antes de que se manifieste la carencia.
Para más información las propuestas pueden googlearse entrando a las páginas de BIEN (Basic Income Earth Network) o READIC www.ingresociudadano.org.
En Argentina existe un proyecto de ley de ingreso ciudadano para la niñez (INCINI), que tiene como beneficiarios a todos los ciudadanos menores de 18 años.
Acompaña el proyecto un estudio de sustentabilidad que propone utilizar los recursos resultantes de la eliminación de las asignaciones familiares y los impuestos que hoy no pagan los trabajadores judiciales y la timba financiera.
Este proyecto rompe con el clientelismo político pero falta consenso social en lo referente al derecho a acceder a un ingreso que no atraviese el mercado laboral (meritocracia).
